Entrevista a Don Juan María

 

* Por Pablo Marín García San Miguel y José María Trabada Sánchez de Toca

 

1) Hoy en día existe un importante sector de la doctrina que critica la legislación hipotecaria por anticuada y poco adaptada a los tiempos que corren, las sentencias del TJUE, en puntos concretos, vienen a confirmar estas posturas. ¿Cree usted necesaria una nueva ley y un nuevo reglamento hipotecario?

 

La Ley Hipotecaria se promulgó en 1861 con el designio de favorecer el crédito territorial, reducir las tasas de interés de los préstamos, garantizar la propiedad y dar seguridad a la actividad económica sobre los bienes inmuebles. Estos objetivos los ha alcanzado en una buena medida, entre otras cosas, por el proceso permanente de reformas y actualizaciones que ha experimentado. La Ley del Mercado Hipotecario de 1981, la Ley de Subrogaciones y Novaciones de Hipotecas de 1994 o la Ley de protección de los deudores hipotecarios de 2013 son sólo algunos ejemplos de este proceso permanente de reformas y actualizaciones. Con ello se ha permitido que millones de familias españolas hayan accedido a la propiedad de su vivienda, o que los tipos de interés pagados por los españoles por sus préstamos hipotecarios hayan sido significativamente inferiores a los de los préstamos personales. Para valorar este dato basta recordar que según las estadísticas del Banco de España el tipo de interés medio aplicado a las operaciones de crédito al consumo en diciembre de 2015 fue del 9,1 % frente al 1,7 % para las operaciones hipotecarias. Lo que ha sucedido es que la profunda crisis económica que se inició entre 2007 y 2008 ha minado considerablemente la capacidad financiera de las familias españolas y ello ha provocado un fenómeno profundamente adverso, el aumento de la morosidad y con ella el aumento de las ejecuciones hipotecarias. En 2007 se tramitaron en España unos 25.000 procedimientos de ejecución, cifra que casi se cuadruplica en 2010. Cierto es que a partir de ahí se estabiliza y que desde 2012 se reduce como consecuencia de las medidas legislativas promovidas por el Gobierno, especialmente los Decretos-Ley de marzo y noviembre de 2012, de forma que la mayor parte de los desahucios que figuran hoy en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial se refieren a arrendamientos y no a ejecuciones hipotecarias.

No obstante, el drama personal y familiar que supone una situación como la de la pérdida de la propia vivienda explica y justifica que los sucesivos Gobiernos desde el año 2008 hayan introducido en esta materia (sobre todo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que es la que regula las ejecuciones hipotecarias y no tanto la Ley Hipotecaria que apenas entra en esa materia) modificaciones para intentar evitar o paliar las insolvencias de los deudores hipotecarios, entre las que destaca la aprobada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Esta Ley responde, entre otras cosas, a un intento de cumplir la importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, según la cual algunos aspectos de la legislación española en materia de ejecuciones hipotecarias no se ajustaba a la normativa comunitaria. Es una Ley amplia que recoge normas hetereogéneas de tres tipos: hipotecarias, procesales y de apoyo social. Dentro de estas últimas se contempla una moratoria de dos años respecto de los lanzamientos o desahucios por ejecución hipotecaria de las familias en riesgo de exclusión social, moratoria que en 2015 se ha ampliado en otros dos años. En materia hipotecaria, se limitan los intereses de demora de forma que nunca podrán devengarse por encima de tres veces el interés legal del dinero y se prohíbe su capitalización. En el capítulo procesal, se contempla la condonación parcial de la deuda remanente que quede tras la ejecución, se permite que el deudor participe de las plusvalías futuras que genere la venta del bien ejecutado, se impone como límite mínimo del valor de tasación a efectos de subasta en el 75% de la tasación del mercado hipotecario, y sobre todo se introduce como importante novedad la de la posibilidad de que el juez, de oficio o a instancia de parte, controle en el propio procedimiento de ejecución la posible abusividad de las cláusulas del contrato de préstamo.

Seguramente hacen falta más medidas y reformas. En concreto, creo que sería bueno una regulación más clara y generosa en la Ley de segunda oportunidad para evitar las deudas que permanecen tras la ejecución respecto de los deudores de buena fe (que realmente no pagan porque no pueden), una modificación de la regulación de los valores de adjudicación en caso de subastas desiertas y un incremento de los controles de legalidad preventivos. Este control de legalidad previo que realiza el registrador a través de su calificación en el momento de la constitución de la hipoteca es fundamental para depurar los préstamos hipotecarios de cláusulas nulas o abusivas, y va en beneficio de los consumidores y también de los competidores el acreedor, y por tanto del mercado. Cuanto mayor sea el control en ese momento menor será la litigiosidad durante la vigencia de la hipoteca y en el momento de su eventual ejecución. El legislador debe saber conjugar la protección del consumidor frente a las cláusulas abusivas con el derecho del acreedor al cobro. En ese equilibrio está la clave de la eficiencia del mercado hipotecario que, no se olvide, ha permitido el acceso a una vivienda en propiedad a muchos millones de españoles durante los últimos decenios. Y para asegurar ese equilibrio la calificación rigurosa del registrador es esencial.

 

2)
En los últimos años el avance del Derecho Comunitario en ámbitos del Derecho Privado es cada día mayor. ¿Cree usted que más pronto que tarde llegará una Directiva o Reglamento sobre fedatarios públicos que eliminará esta dualidad de cuerpos (notarios y registradores) integrándolos en un cuerpo único como ocurre en otros países de nuestro entorno jurídico?

 

En realidad la pregunta plantea dos cuestiones muy distintas. Que el Derecho comunitario está avanzando en los últimos años en los ámbitos del Derecho privado es una realidad. Lo que no es correcto es afirmar que en otros países de nuestro entorno jurídico se haya producido la integración en un cuerpo único de notarios y registradores, pues ambos cuerpos cumplen funciones complementarias pero distintas, ambas necesarias. En cuanto a la primera cuestión, me gustaría recordar que hace ya más de 20 años, en 1994, tuve la oportunidad de dirigir unas jornadas de una semana de duración cuyas ponencias se recogieron posteriormente en un libro denominado, ya entonces, “Estudios de Derecho privado europeo”, y que tenía por objeto el estudio de las consecuencias que en el ámbito del Derecho privado se derivan de la progresiva internacionalización de las relaciones jurídicas y económicas desarrollada en los decenios anteriores, e intesificada en los sucesivos, en el marco de los diversos procesos de integración supranacional en distintas regiones del mundo, entre los que destaca el caso de la Unión Europea por su carácter paradigmático y por el grado de consolidación alcanzado.

Las Comunidades Europeas desde sus orígenes en virtud de los Tratados de Paris y Roma de 1951 y 1957, hasta la actualidad han recorrido un largo camino bajo la inspiración del pragmatismo y gradualidad que impregna la filosofía de la célebre “Declaración Schuman” de 1950, y ha llegado a culminar realidades de indudable transcendencia como el Mercado Interior o Único, entendido como “un espacio en el que no existirán fronteras interiores y en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada”. Este objetivo ha requerido un vasto proceso de armonización de la legislación de los Estados miembros y ha trascendido de los sectores puramente económicos, afectando a sectores normativos inicialmente desplazados de su centro de gravedad, como ocurre con el denominado Derecho patrimonial, como conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas de una persona valuables en dinero. Este proceso de integración normativo ofrece un claro interés para los estudiosos del Derecho Registral en el triple ámbito de las transmisiones inmobiliarias internacionales, y las operaciones crediticias y societarias exteriores. Recientemente hemos tenido ejemplos muy claros de esta “vis expansiva” del Derecho comunitario en relación con el Derecho Internacional Privado, con el Reglamento de Insolvencias, los Reglamentos Roma I y II sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales y extrancontractuales, o más recientemente con los proyectos en materia de ley aplicable y jurisdicción competente en materia de régimen económico-patrimonial de las parejas casadas y no casadas, por citar sólo algunos ejemplos.

Sin embargo, ese proceso de armonización no es ilimitado. El propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea excluye del ámbito de las competencias de la UE la regulación del derecho de propiedad y por extensión de todos los derechos reales, y todos los instrumentos de armonización en materia de legislación aplicable excluyen de su ámbito la regulación de los requisitos y efectos de las inscripciones en los Registros jurídicos públicos, como el Registro de la Propiedad. Otra exclusión importante que hay que subrayar aquí es la relativa al ejercicio de funciones relacionadas con el poder público, que quedan excluidas de los principios de libertad de establecimiento y de circulación de servicios. En esta exclusión está incluida la función que realizamos los registradores, como garantes del principio de legalidad en el ámbito del tráfico jurídico inmobiliario, crediticio y societario, función de control de legalidad que escapa a la lógica del mercado, pues su ejercicio está sujeto al principio de rigurosa independencia en tanto que vinculada a la función pública de la “iuris dictio”. Por ese motivo los registradores no estamos incluidos en la Directiva de Servicios.

Esto también tiene que ver con el hecho de que el modelo español de seguridad jurídica preventiva está basado en un doble pilar, el de la función notarial y la función registral, cada una de ellas ejercida por un Cuerpo funcionarial distinto que, sin perjuicio de sus concomitancias, están claramente diferenciados por razón de la distinta naturaleza de cada una de las dos funciones que respectivamente ejercen, las cuales como antes decía son complementarias pero diferentes. Este sistema español de seguridad jurídica es uno de los más reputados del mundo por sus resultados claramente ventajosos respecto de otros modelos alternativos. En todo caso, la función registral, como vinculada directamente al ejercicio del poder público, no puede ser objeto de Directivas o Reglamentos que desvirtúen sus características propias pues, como he indicado antes, la regulación de los Registros jurídico públicos no entran en el ámbito de las competencias de la UE, sin perjuicio de que los titulares de estos Registros tengamos que conocer y aplicar todo el Derecho patrimonial e internacional privado comunitario que se ha desarrollado.

 

3) Como director del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, ¿cuáles son sus principales funciones?

La Vocalía del Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, para un jurista, quizás es la Vocalía de más interés, pero también una de las más exigentes, pues sus competencias, ejercidas de forma intensa, son casi ilimitadas, ya que siempre se puede pedir más a un Servicio colegial, el de Estudios, que es el más directamente relacionado con la función esencial de los registradores, la calificación.

Sus funciones están definidas en los Estatutos del Colegio. Internamente el Servicio de Estudios cuenta con la colaboración de varios departamentos o áreas. Por un lado, está el departamento jurídico a través del que se canaliza el servicio de asistencia jurídica a los registradores cuyas calificaciones se impugnan por vía judicial, o que solicitan del Colegio asistencia para impugnar Resoluciones de la DGRN revocatorias de sus calificaciones. Al año tramitamos cerca de 150 procedimientos judiciales de este tipo, asumiendo la dirección letrada y la representación procesal. Después está la Comisión de Criterios Doctrinales, que se divide en 5 Secciones (general, hipotecaria, urbanística, concursal y mercantil), en la que colaboran unos 20 registradores, todos ellos con gran vocación de estudio y de gran prestigio profesional y jurídico. Esta Comisión tiene por finalidad intentar en la medida de lo posible contribuir a la unificación de la práctica registral emitiendo dictámenes sobre cuestiones complejas o novedosas, cuyos criterios son seguidos normalmente por los registradores en razón a su “auctoritas”, pues obviamente dichos dictámenes no tienen más valor que el del peso de sus propios argumentos.

Por otra parte, está la Comisión Normativa del Colegio, que puede desarrollar propuestas a petición del Ministerio de Justicia o de la DGRN o a iniciativa propia, y más recientemente la Comisión sobre Conciliación y Registros, que la Junta de Gobierno ha aprobado en fecha reciente. Otro servicio importante es el de publicaciones del Colegio, que actúa tanto a través de ediciones propias, como en régimen de coedición con otros sellos editoriales, que permite que en todo caso existan en la biblioteca de todos los Registros de España obras de interés para el trabajo y formación de los registradores y de la comunidad jurídica en general. Mención aparte merecen los departamentos del Boletín del Colegio, que estamos potenciando con la recuperación y digitalización de su archivo histórico (a través de un tesauro de voces, probablemente el mayor en España en materia de Derecho privado y con la recuperación de su Consejo de Redacción), la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, buque insignia de nuestra publicaciones y una de las más prestigiosas en España y en otros países en materia de Derecho privado, y la biblioteca, que está en pleno proceso de modernización a través del proyecto de “Biblioteca digital” que permite acceder a gran parte de sus fondos desde cada uno de los Registros de la Propiedad y Mercantiles de España.

Finalmente, desde el punto de vista interno también tiene mucha importancia la coordinación de los diferentes Servicios de Estudios de los Decanatos Territoriales y Autonómicos, a cuyos directores les convocamos periódicamente para coordinar criterios de actuación e interpretación de novedades legislativas o jurisprudenciales.

En el ámbito de las relaciones externas, corresponde al Servicio de Estudios las relaciones con las Universidades. Estamos siguiendo una política corporativa de intensificación de las relaciones entre los registradores y la Universidad para la investigación y difusión del Derecho Registral en todos sus ámbitos. En este sentido recientemente hemos convenido y colaborado con la Universidad Autónoma de Madrid para la creación del Centro de Investigación del Derecho Registral (CIDRE), y hemos firmado también un Convenio con la Universidad de Sevilla para la creación de la Cátedra de Derecho Registral de la misma, desde la que esperamos cooperar, a su vez, con Universidades extranjeras, como por ejemplo Oxford o Bolonia, para la impartición de seminarios conjuntos. También hemos fomentado la intensificación de las relaciones con el estamento judicial y a tal efecto firmamos el pasado verano un ambicioso Convenio entre el Colegio de Registradores y el Consejo General del Poder Judicial, que ya está dando frutos significativos en el plano de la formación a través de la organización de jornadas y encuentros conjuntos entre magistrados y registradores.

 

4) Para esta pregunta le rogamos el mayor grado de abstracción posible, ¿cuáles son las cualidades que ha de trabajar un joven jurista para convertirse en un gran jurista y un buen profesional?

 

A mi me gusta recordar siempre al patrón de los juristas, San Raimundo de Peñafort, que decía que las virtudes que deben adornar a un buen escritor y pensador jurídico son la claridad, la coherencia y la estabilidad del juicio propio. Creo que son tres cualidades que siguen siendo imprescindibles para que un joven jurista pueda convertirse en un gran jurista y en un gran profesional. Además de ello, yo añadiría que una cualidad básica es el entusiasmo y la vocación jurídica (“la pasión por el Derecho”, como dice el prof. Aurelio Menéndez), y también la constancia y disciplina en el estudio y formación continua, y la planificación de objetivos a medio y largo plazo, no dejarse llevar por las urgencias y los objetivos a corto término. Por otra parte, creo que un joven jurista debe tener siempre la referencia de uno o varios grandes Maestros que le sirvan de guía y orientación como modelo, y finalmente impregnarse de un elevado concepto ético y de deontología profesional. Estas breves notas creo que encierran la esencia de las recetas que yo recomendaría para llevar a ser un gran jurista y un buen profesional del Derecho.

 

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