Entrevista a Pablo García

“PASEN SIN LLAMAR”.

ENTREVISTA A PABLO GARCÍA-VALCÁRCEL GONZÁLEZ, socio fundador del Despacho Legal Ways

ANÁLISIS ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA GENERADA EN TORNO A LAS OCUPACIONES ILEGALES DE VIVIENDAS DESDE LA VISIÓN DE UN EXPERTO EN LA MATERIA

 

*Por los asociados Alejandro Manuel García-Moya García y Gonzalo León Felipe.

 

En lo que llevamos de año 2016, las denuncias, querellas y atestados policiales que llegan a los juzgados por delitos de ocupación ilegal de viviendas han aumentado un 92%, en relación con los datos del año 2015 y conforme a la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2015; junto a ello, es común observar en prensa la existencia de distintas bandas que se ocupan a la extorsión de los propietarios de viviendas, como a la aparición de otros grupos de prácticas dudosas encargados de expulsar a dichos ocupas, por vía extrajudicial. Es en dicha tesitura donde al lector le pueden surgir diversas cuestiones relacionadas con esta materia y con la problemática económica y social que ella supone, y, personalmente, nos planteamos ¿las ocupaciones actuales se suceden por grupos organizados o por particulares sin vivienda?, ¿se denuncia ahora más que antes?, ¿existen medios eficaces, alternativos a la vía judicial?. La memoria de la Fiscalía advierte que “[…] muchas conductas se dirigen contra los numerosos pisos que permanecen sin ocupar y que se han ido acumulando por algunas entidades financieras [...] sin detectarse que respondan a actuaciones grupales y organizadas”. Se trata, dice el Ministerio Público, generalmente de “[…] familias que desalojan la vivienda por propia iniciativa tan pronto como se realiza el requerimiento judicial”. De los datos recogidos por la citada Memoria, se desprende que el mayor aumento de estos casos se localiza en grandes áreas metropolitanas, como Madrid y Barcelona.

La reforma del Código Penal de 2015 cambia la tipificación del delito de usurpación, que pasa de ser una falta a constituir un “delito leve”. Así clasificado, los procedimientos penales abiertos por esta causa dejan de tener fase de instrucción y, por tanto, los denunciantes no pueden solicitar medidas cautelares, como el desalojo, hasta que se dicte sentencia.

En este sentido, y de cara a resolver estas y otras cuestiones y otras, nos ponemos en contacto con Pablo García-Valcárcel González, abogado y socio fundador del madrileño despacho Legal Ways, que cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la ocupación y que, partiendo de su experiencia propia de y la legislación vigente, nos ha ayudado a conformar una imagen global de la ocupación, y a entender la realidad de éste fenómeno, que ofrece su mayor manifestación en grandes urbes como Madrid y Barcelona.

 

1.¿Cuándo podemos considerar como delito la ocupación de una vivienda?

El delito de usurpación de inmuebles en su modalidad no violenta del número 2 del art. 245, responde a la finalidad de dotar de cobertura penal específica a la ocupación de viviendas o edificios en contra de la voluntad de sus propietarios o poseedores y para su comisión requiere la concurrencia de los siguientes extremos:

a) La ocupación sin violencia o intimidación de un bien inmueble vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona realizada con cierta vocación de permanencia.

b) Que el realizador de esa ocupación carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión, pues en el caso de que inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble aunque sea temporalmente y en calidad de precarista el titular de la vivienda o edificio deberá acudir al ejercicio de las correspondientes acciones civiles para recuperar la posesión.

c) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio «contra la voluntad de su titular», que en el caso deberá ser expresa.

d) Que concurra dolo en el autor que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización o de la manifestación de la oposición del titular del edificio.

 

2.¿Toda ocupación constituye delito?

No toda ocupación constituye delito, por ejemplo no lo sería la ocupación ocasional, o la de viviendas no aptas para ser habitadas.

 

3.Con la reforma del Código Penal ¿ha cambiado algo el hecho de que antes las ocupaciones tenían la consideración de delito grave, mientras que en la actualidad se consideran como delito leve?

Hasta la reforma del Código Penal, la ocupación estaba tipificada como delito en el artículo 245.2 CP. Actualmente, se considera un “Delito Leve”, si bien la pena no ha cambiado (multa de 3 a 6 meses).

 

4.¿Qué plazos vienen a ser los normales en los procesos penales y civiles de ocupación? ¿Son tan lentos como se viene diciendo?

Hablar de plazos en esta profesión no resulta fácil, porque depende de cada juzgado la tramitación del asunto, siendo muy diferentes unos de otros. A título meramente informativo, un procedimiento penal por usurpación se tramita, en primera instancia, en un plazo de aproximadamente 6 meses desde que se interpone la denuncia hasta que se dicta sentencia. Un procedimiento civil podría tramitarse en un periodo un poco superior (unos 8 meses desde que se presenta la demanda). Hay factores que pueden determinar un retraso en el procedimiento, fundamentalmente que resulta necesario identificar y citar al ocupante al juicio, lo cual no siempre es fácil.

 

5.¿Hay algún criterio judicial a la hora de dictar sentencias sobre delitos usurpaciones de inmuebles o encontramos diferencias en función del órgano enjuiciador?

No existe un criterio judicial uniforme a la hora de dictar sentencias. Por ejemplo, en Cataluña lo habitual es que los Juzgados de Instrucción dicten resoluciones acordando el archivo o absolviendo a los ocupantes por considerar que estos asuntos deben tramitarse por la vía civil, fundamentando normalmente esa decisión en el principio de Intervención Mínima del derecho penal. Por supuesto hay excepciones y por tanto Juzgados que sí consideran que una ocupación con los requisitos anteriormente indicados es constitutiva de un delito de usurpación. En Madrid, la corriente mayoritaria es admitir que las ocupaciones se tramiten por la vía penal como delitos leves de usurpación.

 

6.A nivel práctico, en el caso de que un particular se enterase de que existen ocupas dentro de una vivienda de su propiedad ¿qué le recomendaría que hiciese para que logre el desalojo lo antes posible?

Depende del supuesto concreto y de la zona en la que se encuentre la vivienda. Si está situada en Cataluña o por ejemplo en Toledo, mi recomendación sería iniciar la vía civil por la probabilidad de que la denuncia penal acabe siendo archivada o la sentencia que se dicte sea absolutoria. Si la vivienda se encuentra en Madrid, mi opinión sería presentar la correspondiente denuncia, incluso ante la Policía, la cual procedería de forma inmediata a identificar a los ocupantes y a remitir el atestado al Juzgado de Instrucción competente.

 

7.¿Es posible la venta de una vivienda ocupada por parte de su legítimo dueño o tendría que esperar al desalojo?

Es posible y además bastante común la venta de un inmueble ocupado. Eso sí, para que el comprador no puede alegar ningún tipo de vicio en el consentimiento, en la escritura habría que especificar que la vivienda se encuentra ocupada. Una vez transmitida la vivienda el nuevo titular puede ejercitar las acciones correspondientes contra el ocupante o subrogarse en las que ya hubiera iniciado el anterior propietario.

 

8.¿Qué puede hacer un particular arrendado en el caso de tener unos inquilinos que le dejen de satisfacer las rentas de la vivienda arrendada y se nieguen a abandonar la vivienda?

Tiene que interponer una demanda de desahucio por falta de pago que terminaría con una sentencia acordando el desalojo y, en caso de que así se haya solicitado en la demanda, condenando al arrendatario al pago de las rentas debidas. Es posible acumular ambas acciones (desahucio y reclamación de rentas) en un mismo procedimiento.

 

9.Por su experiencia profesional ¿considera que se prima más el derecho a una vivienda digna o el derecho a la propiedad privada?

En estos asuntos de ocupaciones ilegales, considero que primera la protección del derecho a la propiedad privada. El derecho a una vivienda tendría mayor cabida alegarlo en un hipotético procedimiento administrativo, en el que la solicitud de esa vivienda (no necesariamente en propiedad,) se dirigiera a la Administración competente.

 

10.¿Qué opinión le merece la empresa Desokupa [empresa catalana que se anuncia como “[…] especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y sin contrato de alquiler, métodos legales, en menos de 7 horas recuperamos la vivienda, a toda la península. Eficacia en más del 90 por ciento de los casos”]?

Yo soy partidario de intentar recuperar la posesión de la vivienda por los métodos legales que nos brinda nuestro sistema jurídico. No tengo por tanto opinión al respecto.

 

11.¿Existe alguna forma legal para acabar con las bandas organizadas que en multitud de ocasiones se encuentran detrás de las ocupaciones ilegales? La pregunta viene en relación con un grupo de “secuestradores de casas” que actúan principalmente en Cataluña, ocupando viviendas y extorsionando a sus propietarios para marcharse.

Acabar con esas “bandas organizadas” es misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes deberán emplear todos los medios que tienen a su alcance para ello.

 

12.¿Interesaría a la Administración, legalizar espacios ocupados o supondría dar una imagen, de debilidad o sometimiento, que realmente no les conviene?

Yo particularmente no soy partidario de legalizar lo que es un delito, y ello porque la Administración tienen otros medios a su alcance para garantizar el acceso a una vivienda digna a través de los diferentes Planes de Vivienda aprobados tanto a nivel autonómico como a nivel estatal.

 

13.¿Qué opina sobre la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de una serie de criterios y requisitos para legalizar la ocupación de 88 pisos de Empresa Municipal de Vivienda y Suelo?

Es un tema complicado. Cualquier legalización debe contar con el consentimiento del propietario del inmueble, en este caso la EMVS, que parece que ha autorizado la medida. Y siendo la EMSV una empresa con capital municipal, el hecho de regularizar situaciones que en principio podrían considerarse delictivas podrían no encajar del todo con lo que se puede esperar de dicha empresa.

 

14.¿Cree que con políticas como la anteriormente expuesta, se está produciendo un efecto llamada a la ocupación?

Si bien se han fijado ciertos requisitos por el Ayuntamiento para esa legalización, cualquier medida como la aprobada puede provocar un efecto llamada a la ocupación, al menos en lo que se refiere a las viviendas propiedad de la EMSV.

15.¿Podría contarnos cómo ha sido su trayectoria profesional en el sector legal en general, y de las ocupaciones en particular?

Mi trayectoria profesional en el sector legal empezó en el año 1995, trabajando para un bufete de abogados en el que estuve más de 17 años. En el año 2011 decidí crear mi propio despacho profesional y desde el año 2013, una de las ramas de mayor actividad del despacho es precisamente la que tiene por objeto la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente.

 

16.¿Le ha supuesto algún problema dedicarse a un sector tan impopular como el de las ocupaciones de viviendas?

No me ha causado ningún problema por el momento y espero que siga siendo así. En cualquier caso, nosotros sólo somos los abogados que contrata el dueño de la casa para recuperar la posesión de la misma y nos limitamos a realizar nuestro trabajo de la mejor forma posible, utilizando siempre y únicamente los medios jurídicos que nos brinda nuestro sistema jurídico.

 

17.¿Cuáles son sus objetivos profesionales en el largo plazo, tanto a nivel individual, como a nivel colectivo o de Despacho?

Mi objeto a largo plazo es que el Despacho siga creciendo un ritmo que le permita seguir ofreciendo a nuestros clientes la atención de calidad personalizada que en estos momentos ofrecemos, dotándole para ello de los medios humanos, técnicos y económicos que requiera en cada momento.

 

 

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