Entrevista a Marcelino

 

 

Entrevista al Portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria

 

 

Sobre su trayectoria profesional y vocación por el Derecho.

 

- ¿Cuáles fueron los motivos que despertaron, durante su etapa universitaria, su interés para dedicarse a la carrera judicial?

 

La vocación del Derecho, ya desde el principio te conduce al ámbito público y en mi caso tenía claro que la mejor forma de ejercer la profesión jurídica era la carrera judicial. El ejercicio jurisdiccional te permite ver los conflictos desde todos los puntos de vista sin tener limitada la visión al interés de un cliente, y al final decidir la solución que estimas correcta, lo que en muchas ocasiones supone hacer justicia.

 

- ¿Qué consejos les pueda dar usted a todos aquellos actuales estudiantes de la Licenciatura o Grado en Derecho que se plantean la posibilidad de ingresar en la carrera judicial, teniendo en cuenta la relación existente entre la poca oferta de plazas, y la gran demanda de opositores?

 

Dada la escasa oferta de plazas hay que estar muy seguro de la opción por la carrera judicial y tomarlo con mucho interés y paciencia. No hay que olvidar que la crisis pasará como todas y que la necesidad de plazas judiciales hará en pocos años que se aumente la oferta.

 

- ¿Qué principios y aptitudes debe reunir un Juez para desempeñar su labor de manera correcta?

 

Independencia, prudencia, honestidad, objetividad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia, la lealtad institucional, ejemplaridad, responsabilidad, integridad y honradez. Además, ha de saber algo de leyes y saber escuchar.

 

- ¿Qué cargos ha ocupado usted en el ámbito de la Justicia y cuál o cuáles son los que ocupa actualmente?

 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Juzgado de Primera Instancia en Madrid, Comisión de Servicio en la Audiencia Provincial de Madrid, y actualmente Juzgado de Instrucción en Madrid además de Portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.

 

- ¿Qué es una Asociación de Jueces? ¿Qué funciones y objetivos tienen? ¿Cuáles son los fines de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria?

 

Los jueces no pueden sindicarse ni participar en Partidos Políticos, y nuestra Constitución reconoce la facultad de crear asociaciones en defensa de los intereses profesionales AJFV en cuanto a su organización interna se asienta en principios democráticos y pluralistas, con plena libertad de voto y democracia interna, evidenciando que la pluralidad no se vive de forma dramática, sino natural y consustancial, al tiempo que se renuncia a servirse de la asociación para convertirla en plataforma de intereses personales.

Se destacan también en cuanto a sus fines los siguientes: entender la Justicia como un servicio a la sociedad, tener plena disposición para una mejora de la Administración de Justicia, profundizar en la garantía de la independencia judicial, no como un privilegio de los jueces, sino como una garantía del ciudadano, buscar la inserción de los jueces en la realidad social y defender los intereses, legítimos y razonables, de los asociados.

Mantenemos, asimismo, una independencia respecto de los poderes públicos, los partidos políticos y los sindicatos, sin perjuicio de la necesaria colaboración y lealtad, porque la configuración del Estado social y democrático de Derecho, junto a los complejos problemas que la sociedad tiene hoy planteados, reclaman una actuación cada vez más concertada.

Nuestro modelo de juez es, por tanto, el del Juez constitucional, independiente, inamovible, responsable y sujeto únicamente al imperio de la ley, que debe disponer de unas condiciones de trabajo dignas y ser merecedor del respeto de sus conciudadanos.

Sobre el proyecto de reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana.

 

- ¿Considera usted que la prisión permanente revisable que se recoge en el Proyecto de Código Penal es compatible con lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución?

 

Tal y como se contempla es manifiestamente inconstitucional al no garantizar la rehabilitación del delincuente.

 

- Una buena parte de la sociedad tiene la percepción de que en España la propiedad está poco protegida, especialmente si hablamos de hurtos. Ciertamente, casos como el del clan de las bosnias no ayudan a cambiar esta percepción. ¿Cómo valora la regulación que se da al hurto en el Proyecto de Código Penal?

 

Es correcta, y además se suprime la falta de hurto que se convierte en delito leve por lo que la lucha contra ese fenómeno es más adecuada.

 

- Una de las modificaciones más importantes que introduce el Proyecto de Código Penal es la supresión del Libro III, de las faltas. Una parte de ellas se despenaliza, pasando al ámbito civil o administrativo, y otra parte se convierte en delitos leves. ¿Realmente con esta reforma se conseguirá reducir el volumen de trabajo de los Juzgados?

 

No, la reforma no está orientada a bajar el volumen de trabajo aunque así se anuncie en la exposición de motivos del proyecto, la finalidad es esencialmente represora al incrementarse las sanciones en algunos casos incluso las que se convierten en meras faltas administrativas

 

- ¿No cree que los justiciables se verán perjudicados al tener que acudir a la vía civil o a la contencioso-administrativa, teniendo en cuenta, por ejemplo, las prerrogativas de las que disfruta la Administración, por un lado, o la lenta respuesta judicial que se ofrece en el proceso civil?

 

Sin duda, y no hay que olvidar la Ley de Tasas, que dificultará el control judicial de los abusos.

 

- Sobre libertad sexual: El art. 183 CP dispone que la edad mínima de consentimiento sexual es de 13 años. El proyecto de Código Penal aumenta la edad mínima para consentirlo a los 16. ¿Qué estaría protegiendo la nueva disposición, que no protege la actual?

 

Creo que la reforma desconoce la realidad social de los adolescentes en la actualidad y tiene un tinte sin duda ideológico.

 

- Respecto del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana: la cuantía de las sanciones oscila entre los 100€ y los 600.000€. Las infracciones leves (de 100 a 1.000 €), graves (de 1.001 a 30.000€) y las muy graves (de 30.001 a 600.000€). ¿Se estudiarán las circunstancias objetivas de los hechos y subjetivas de las personas sancionadas? ¿Existiría una vulneración del principio de proporcionalidad al ejercer esta potestad sancionadora?

 

Sin duda el Proyecto adolece de evidente inconstitucionalidad en algunos aspectos, se tipifican conductas que ya son delito, y se crean nuevas faltas con un marcado carácter ideológico sin que sus abusos puedan ser controlados por la jurisdicción contenciosa entre otras razones por las tasas.

Sobre el sistema de elección y funcionamiento de los miembros que componen el CGPJ

 

- A pesar de las promesas electorales, la nueva regulación del 2013 sobre el CGPJ no introduce ninguna modificación respecto a la elección de los miembros del Consejo. ¿Consideraría adecuado volver al sistema diseñado por la LO 1/1980, es decir, a la elección de los Vocales por sufragio entre los propios Jueces y Magistrados?

 

El evidente fracaso de todos los Consejos y su politización hace necesaria la vuelta a la LO 1/1981.

 

- ¿Le parece razonable que la LO 4/2013 de reforma del CGPJ permita que los Vocales, excepto los que pertenecen a la Comisión Permanente, compatibilicen esta función con el ejercicio de su respectiva profesión habitual?

 

Es un manifiesto error que generará grandes problemas de compatibilidad. ¿Qué hará un abogado vocal del CGPJ , ante un expediente disciplinario de un juez con el que ha tenido un asunto y no ha resultado bien parado o a tenido algún enfrentamiento?.

Además, el sistema se ha cargado la esencia colegiada del órgano que está en el espíritu y la letra de nuestra Constitución.

Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

 

- Desde el Poder Ejecutivo informan que “como ocurre en la práctica totalidad de los Estados democráticos” el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene en su artículo 55.2 que será, en un futuro, el Ministerio Fiscal el encargado de llevar a cabo la instrucción de los casos. Afirman que se salvaguardaría así “la independencia del Juez y se evitaría que su implicación en la investigación pueda contaminar su imparcialidad y su posición de garante de los derechos de las partes”. Ahora bien, en un sentido estricto, el Ministerio Fiscal no es Poder Judicial y, a diferencia de Jueces y Magistrados es un cuerpo jerárquica y dependientemente organizado, a cuya cabeza está el Fiscal General del Estado, designado por el Gobierno. Por otro lado, está el artículo 117.1 de la Constitución que dispone: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Por último, el apartado tercero de este mismo precepto dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgadocorresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (dirigidos por Jueces y Magistrados).

¿Existiría independencia en el Ministerio Fiscal? ¿Si el Ministerio Fiscal no es Poder Judicial, sino que es un cooperador de éste, como se explica esta medida? Y por último, ¿No estaría vulnerando el art. 117 de la Constitución?

 

En el derecho comparado y en nuestro entorno se abre paso la instrucción por el Fiscal, si bien este sistema es manifiestamente perverso y es criticado en los países donde se ha impuesto debido a la falta de independencia del Fiscal, a la posibilidad de su remoción debido a que está sometido al principio de jerarquía y que sobre todo no respeta el principio de igualdad de partes ante el proceso dado que el Fiscal va a investigar y a acusar a la vez.

Sobre la Ley para la implantación de la nueva Oficina Judicial

 

- Tras la reforma de la LOPJ de 2003 y, especialmente, tras la promulgación de la Ley 13/2009 para la implantación de la nueva Oficina Judicial se le han atribuido a los Secretarios Judiciales muchas funciones que hasta entonces correspondían exclusivamente a Jueces y Magistrados (admisión de la demanda, fijación de señalamiento de vistas, resolución sobre terminaciones anormales del proceso, etc.) ¿Considera estas nuevas atribuciones de los Secretarios Judiciales una manera de descargar de trabajo a los Jueces o, por el contrario, se trata de funciones jurisdiccionales que deberían corresponderles únicamente a éstos?

 

El incremento del papel del Secretario es positivo, sin embargo algunas atribuciones otorgadas no les son propias y tienen carácter jurisdiccional como la admisión de la demanda, terminación del proceso y señalamientos si bien estos se limitaron en su día tras la huelga de los jueces en 2009. Se está ocultando al reforzar el papel de un funcionario que no existe en el derecho comparado, la realidad de falta de jueces en España muy por debajo de la media europea.

 

- ¿Cree que los Jueces y Magistrados han perdido su posición de máxima autoridad en los Juzgados y Tribunales, en relación con los Secretarios Judiciales, tras la LO de 2003?

 

Sin duda alguna han perdido la dirección de la oficina judicial y sin embargo siguen respondiendo de todo, lo que ya está creando problemas frente a determinados errores y malas prácticas en la oficina que ya no pueden ser corregidas por el juez.

Sobre el funcionamiento diario de la Justicia y de los

órganos jurisdiccionales

 

- En un contexto actual de lentitud de la Justicia (En España, un caso en la primera instancia judicial se prolonga durante 272 días frente a la media de la OCDE de 238), enorme tasa de “litigiosidad” (casi 190 asuntos al año por cada 1.000 habitantes), de insuficiente número de Jueces por habitantes (10,2 jueces por cada 100.000 habitantes frente a la media europea de 21,3), y de la falta de medios técnicos y materiales de los que éstos disponen para llevar a cabo su labor ágilmente: ¿Cuál cree usted que sería la solución para lograr una Justicia más eficiente?

 

La solución es múltiple, en primer lugar el incremento de la planta judicial para adecuar el número de jueces a la media europea, en segundo lugar la reforma de los procedimientos para hacerlos más ágiles sobre todo el penal y por último la creación del expediente digital así como de otras reformas legales y la reorganización de los tribunales superando la estructura decimonónica del Juzgado.

 

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